“Sin nosotras no se mueve el mundo” es uno de los lemas de la histórica movilización del pasado 8 de marzo. Si hablamos del sector público la consigna se vuelve a hacer evidente. La feminización de los cuidados, de algunos sectores laborales y de la pobreza son indicadores de que existe una doble vertiente de la mujer en la que está sobrerrepresentada como trabajadora y como usuaria del sistema, es decir, una doble condición de discriminación desde lo laboral y lo social. Los feminismos están promoviendo cambios y avances contra los que el neoliberalismo ha soltado a sus monstruos.
En la década de los setenta un mayor número de mujeres accedió al mercado laboral, lo que explica porque a mayor edad el número de hombres aumenta en la administración. Esto implicó cambios estructurales en un sistema económico organizado según una rígida división sexual del trabajo. Hablamos de cambios económicos, pero también culturales, simbólicos, subjetivos y relacionales, que generan una crisis de cuidados sin precedente: alguien tiene que ocuparse de las necesidades básicas de los trabajadores, del cuidado de enfermos, personas mayores, la prole y personas dependientes. Seguimos siendo las mujeres las que nos hicimos cargo de estos trabajos, pasando de realizar funciones totalmente invisibles a hacerlo de manera asalariada, pero barata y precaria, acentuándose este aspecto en las mujeres migrantes.
Los datos que arrojan los estudios sobre el impacto de los recortes en los presupuestos de la última década, y por lo tanto en la destrucción de empleo público (educación, sanidad, servicios sociales), aseguran el empeoramiento de las condiciones de trabajo, que el 85% del empleo destruido estaba ocupado por mujeres y que somos nosotras mayoritariamente quienes hemos vuelto a suplir las funciones de los servicios públicos, suponiéndoles mayores dificultades a las mujeres con diversidad funcional o que viven en el ámbito rural, con menos acceso aún a los recursos. La búsqueda del beneficio y la mercantilización de lo básico se traduce en una constante privatización y externalización de los servicios públicos y, por tanto, en peores condiciones laborales, produciendo en las mujeres mayor precariedad y empobrecimiento.
La brecha de género en la administración es alarmante y las últimas actuaciones de las entidades autonómica y local en cuanto al empleo público no están orientadas a corregir esta situación, sino que la agrava.
A nivel autonómico más del 70% de las trabajadoras del sector público somos mujeres, siendo mayoritarias en todos los ámbitos (62% en servicios administrativos, 71% en docencia no universitaria y 78% en sanidad). Después del comercio, es en este sector donde nuestra participación es mayor. Pero más allá de que nuestra plantilla esté claramente feminizada y que comparativamente el menor número de hombres que hay ocupan posiciones más privilegiadas que las mujeres, nosotras sufrimos mayor inestabilidad laboral y precariedad. Las condiciones laborales dentro de las distintas administraciones que conforman los servicios públicos son generalizadas: el porcentaje de hombres funcionarios (en el Ayuntamiento de Valladolid, el 63%) o con contratos indefinidos y a jornada completa (76.55%) es claramente superior al de mujeres. Siendo nosotras mayoritarias en contratos temporales, parciales o interinos. A nivel local, en el Ayuntamiento de Valladolid, sorprende el alto porcentaje de temporalidad en las áreas de Servicios Sociales, Urbanismo y Medio Ambiente. En la muchas ocasiones nuestro trabajo y funciones son las mismas, pero las condiciones laborales no, generando un espacio de desigualdad intenso, no sólo vertical sino horizontal, es decir, entre nosotras.
Esto se traduce en un bache más para el desarrollo de la carrera profesional, provocando una brecha de género enorme, y menor participación en el servicio y oportunidad para la transformación del mismo. La temporalidad impide que esta parte de la plantilla se involucre en el funcionamiento de los servicios de los que forman parte, yendo más allá de sus tareas particulares y elevando sus compromisos: mejora de condiciones, mejora de procedimientos, de las estructuras… El porcentaje de mujeres afiliadas a algún sindicato es claramente menor respecto al de los hombres (el 22% frente al 45%).
Las últimas reformas laborales disminuyen las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral rompiendo definitivamente con el criterio de corresponsabilidad. Las mujeres ocupamos puestos de inferior categoría y retribución al llevar, precisamente, el mayor peso de la conciliación (el 77% a nivel estatal. Si se le suma el número de personas inactivas por el mismo motivo, la tasa aumenta hasta un 93%), es por ello que es nuestro el mayor número de excedencias voluntarias (el 27% frente al 9% en personal laboral en edades comprendidas entre los 30 y 45 años), renuncias a puestos de trabajo con mayores responsabilidades o reducciones de jornada. En la administración local, la reducción por cuidados de familiares la proporción es de 10 a 1.
Cierto es que no existe discriminación salarial directa, esto es, hombres y mujeres en el mismo puesto cobran lo mismo, sin embargo, se observa que las mujeres, aún teniendo la misma formación y capacitación profesional, cobramos menos que los hombres porque ocupamos mayoritariamente puestos de trabajo de inferior categoría y sueldo. En 2014 la brecha salarial en los sectores sanitarios y de servicios sociales era del 22%.
Mientras sigamos inmersos en un modelo de sociedad eminentemente masculino, en donde los procesos de selección (y de análisis de resultados, de gestión de equipos de trabajo, etc.) estén comandados por hombres en su gran mayoría, una sociedad más igualitaria no llegará en ningún momento. El acceso al empleo público se dificulta a las mujeres migrantes, teniendo que esperar mínimo tres años para que se les abra la puerta de la regularización teniendo que acceder a trabajo precario, independientemente de su nivel de estudios o aspiraciones. La discriminación frente a una expresión de género disidente y no hegemónica continúa siendo una causa de exclusión violenta en casi todos los ámbitos de la sociedad y de las instituciones del Estado. El cambio necesario debe ser a todas luces estructural. La tarea de despatriarcalizar y desmercantilizar las relaciones humanas y las estructuras implica un profundo proceso de cambio.
En CNT no promovemos un “Feminismo de cristal”, que se preocupa de la paridad en los puestos directivos y obvia las condiciones laborales de las auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio. Tampoco queremos limitarnos a poner un precio a algo que no es mercantil ni monetario, que se traduce en inmovilizar la distribución actual del trabajo y va en contra de la idea de redistribución del cuidado. Cuando solo nos centramos en la esfera remunerada no logramos alterar demasiado nuestro rol como mujeres.
Desde el anarcosindicalismo ponemos el foco en la transformación de la sociedad y en la importancia de organizar el trabajo socialmente necesario para sobrevivir al colapso del capitalismo y construir una economía racional y al servicio de las necesidades de las personas y su entorno. Por ello CNT no se limita a disputar cada euro para que se destine a salarios y a servicios y no a mordidas o armamento, sino que CNT apoya y promueve las estructuras embrionarias de otra sociedad que pueden construirse desde hoy y que sea útil para la inmensa mayoría que sufre la violencia, la pobreza, la desigualdad, la precariedad, la falta de tiempo y la imposibilidad de vivir una vida vivible en condiciones.
En cuanto a la generación de alternativas, el sector público no admite de atajos. La única forma de recuperar el sector público para ponerlo al servicio de la población es mediante cambios radicales en sus funciones y cometidos, para después acomodar sus estructuras a sus nuevos fines. Dichos cambios solo aceptaremos que vengan impuestos por la clase trabajadora, por lo que cualquier otra reforma bajo la situación actual solo podemos entenderla en el sentido más amplio de la redistribución de la riqueza, y no solo de los recursos económicos sino también de conocimiento y de otros recursos inmateriales que la administración puede poner al servicio de la población y que contribuyen a satisfacer las necesidades e intereses colectivos. CNT apuesta por una transformación de la actual administración para que pervivan aquellas partes que tengan sentido en una sociedad sin clases la cual continuará precisando satisfacer intereses y necesidades colectivas que requieren de una gestión organizada de aquello que es de todos y todas y sirve al bien común. Una sociedad que socialice el trabajo reproductivo, el cuidado de las personas, y reparta los trabajos y los recursos.
A la huelga, compañeras.
ORGANIZADAS CAMBIAMOS EL MUNDO
8 DE MARZO: HUELGA GENERAL FEMINISTA
PD: Somos conscientes del lenguaje binario utilizado. No pretendemos reducir las identidades sexuales a dos (hombre/mujer), sino que las estadísticas a nuestro alcance se refieren a las personas por razón de sexo de manera normativa y no existen estudios que incluyan la realidad en su conjunto y no obvien a las personas transexuales, transgénero o intersexuales.
Incluir la perspectiva de diversidad sexual y de género en los convenios colectivos y en los planes de igualdad o añadir la transfobia como riesgo psicosocial para establecer medidas de prevención del acoso laboral por esta causa siguen siendo asuntos pendientes para la administración pública y la sociedad en su conjunto.
La Sección de Servicios Públicos de CNT Valladolid